El boletín de AMNISTÍA INTERNACIONAL nos trae esta información:
Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes
20 junio 2008
Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.
La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.
“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”
Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.
A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.
Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.
“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.
“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”
Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.
La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.
“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”
Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.
A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.
Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.
“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.
“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”
Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.
