viernes, 13 de noviembre de 2009

La seguridad de los jóvenes centroamericanos es dramática

Centroamericajoven.org Reporta
“La seguridad de los jóvenes centroamericanos es dramática”*

La probabilidad de que un joven centroamericano muera como víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo. Este es uno de los alarmantes datos que arrojó el Informe sobre Seguridad y Desarrollo Humano, presentado en octubre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se propone una estrategia de seguridad para todos los sectores de la sociedad.

Por: Erika Arteaga y Nátali González Martínez
www.centroamericajoven.org



"Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano" fue titulado el informe presentado por el PNUD en El Salvador. Con la publicación de este documento se espera generar ideas y propuestas específicas para combatir la inseguridad y la violencia que se vive en la región centroamericana, considerada como "la más violenta del mundo".

El informe mostró un esbozo de la realidad a la que se enfrentan las sociedades centroamericanas y las juventudes. Para el año 2004, la región centroamericana presentó un panorama de 29.33 homicidios por cada 100,000 habitantes; mientras que entre los años 2003-2008 El Salvador, Guatemala y Honduras -el Triángulo Norte-, considerados como "los países más violentos de la región", presentaron la mayor tasa delictiva en Latinoamérica.

El Salvador ocupa el primer lugar en términos de violencia entre 83 países del mundo, ordenados según su tasa de homicidios en jóvenes en edades de 15 a 24 años, registrando un promedio de 92.3 muertes por cada 100 mil habitantes. Y es que la condición de la juventud en el caso específico de El Salvador es insegura y se agudiza ante la falta de seguridad prevención de violencia y reinserción de jóvenes como importante grupo demográfico del país.

La Prensa Gráfica, matutino de El Salvador, publicó el pasado 3 de noviembre los resultados de una encuesta sobre inseguridad. La investigación reflejó los niveles de inseguridad que agobian -solamente- a la capital salvadoreña. El 31.6% de la población ha sido víctima de un delito y el 90% de la población capitalina se siente insegura.

En Guatemala las condiciones de inseguridad y violencia son similares a las de El Salvador y Honduras. En el año 2006, Guatemala registró 403 menores asesinados y para el año 2005, contabilizó 418 asesinatos a nivel nacional. Honduras, por su parte, registró 4,705 niños, niñas y adolescentes ¿asesinados? -siempre en 2005-, según informes de Casa Alianza, organización que protege a niñas y niños desamparados, reflejando que la mayoría de los asesinatos fueron asociados a crímenes extrajudiciales. Panamá y Nicaragua presentan una tasa de homicidios baja, mientras que en Costa Rica los niveles de delincuencia han crecido, pero no supera a los demás países de la región.

El tema de las pandillas juveniles

El informe del PNUD presenta un apartado especial sobre "nichos" delictivos, en los que clasifican al crimen organizado, al narcotráfico y a las pandillas juveniles como las tres actividades donde se produce de forma "intensa" la delincuencia. En el caso de las pandillas juveniles o "maras", son definidas como "un fenómeno complejo, heterogéneo y cambiante en Centroamérica". Los países del "Triángulo Norte" se distinguen por concentrar el mayor grupo de jóvenes pandilleros, según el cuadro 4.3 del informe del PNUD. Es Honduras el país de la región con el primer lugar, contabilizando 36.000 pandilleros, mientras que Guatemala presenta 14,000 y El Salvador 10,500.

En este contexto, se destaca la falta de políticas de prevención que ayuden a las y los jóvenes a ingresar en actividades delictivas, proponiendo, por el contrario, acciones de represión que conllevaron a generar más violencia. Ejemplo de ello son, en el caso de Guatemala, el plan "Escoba", como propuesta electoral del Partido Alianza Nacional (PAN); en El Salvador los programas "Mano Dura" y "Súper Mando Dura", implementados por el ex presidente Francisco Flores; y en Honduras, el plan "Cero Tolerancia y Libertad Azul", como parte de las políticas de seguridad impulsadas por el ex presidente Ricardo Maduro.

Nicaragua -el país más pobre de Centroamérica y ubicado en el puesto 124 del Índice de Desarrollo Humano- es un país catalogado como de violencia moderada. Los datos que presenta el PNUD en el informe contabilizan 268 grupos delictivos y 4,500 pandilleros. En Nicaragua, según Mónica Zelequet, Directora del Centro de Prevención de la Violencia en Nicaragua, la violencia en este país ha sido enfrentada por políticas de prevención en lugar de represión. "Los esfuerzos de prevención se orientan a corregir las causas de la violencia juvenil y la cultura de violencia, lo cual condujo a la disminución del número de pandillas en la capital y en ciudades como Matagalpa, Estelí, Chinandega y León", cita un párrafo del recuadro 4.4 del informe "Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano".

Entre las recomendaciones que los especialistas del PNUD brindan en este informe se destaca un riguroso control de armas en la región, políticas de prevención de violencia juvenil para evitar el crecimiento de las pandillas juveniles y una atención a la niñez y adolescencia, específicamente para los países que conforman el "Triángulo Norte".


"Para erradicar la violencia e inseguridad es necesario prevenir"**

Según las y los guatemaltecos, la violencia e inseguridad en sus propias comunidades de residencia es el principal problema al que se enfrentan. Así lo indicaron en la encuesta "Inseguridad y juventud", publicada el pasado 2 de noviembre en el periódico Prensa Libre, de Guatemala, y realizada por Vox Latina para la Coalición por una Vida Digna para la Juventud, que congrega a 26 organizaciones sociales.

Durante el estudio, realizado entre el 15 y el 21 de septiembre de este año, se entrevistó a 800 personas, entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 56 años en adelante, y se incluyó a ladinos e indígenas. El nivel de confiabilidad, cita Prensa Libre, es del 95%.

A la violencia, los otros problemas que la población guatemalteca señaló de su país, le siguen la delincuencia y el crimen, la crisis económica, la desnutrición, la pobreza y otros. En cambio, como problemas propios de su comunidad enumeraron la inseguridad, la violencia, el mal servicio de agua, ninguno, el desempleo y otros.

Al consultarles sobre la edad que consideraban tenían los actores de los delitos que habían previamente enumerado, los han clasificado, en su mayoría, entre los 12 y los 25 años; e identificaron a las mujeres como las principales víctimas receptoras de violencia. Esta cifra contrasta con los hechos, cita Prensa Libre: "Pese a que en el 2008 las muertes violentas sumaron seis mil 292, de las cuales solo 640 fueron mujeres, en la encuesta la mayoría destaca que las principales víctimas de la violencia y criminalidad son las féminas."

A pesar de las cifras negativas, y de reconocerse como testigos de que en sus comunidades no hay estrategias gubernamentales de prevención en contra de estos flagelos, las y los guatemaltecos son positivos y consideran que la delincuencia y violencia juvenil se pueden prevenir con actividades lúdicas específicas: educación y orientación, deporte, trabajo, involucramiento de valores familiares, programas culturales y religiosos y otros, que deberían de ser impulsadas no solo por el Gobierno central, sino también por los locales.

Cabe destacar que el 78% de los entrevistados opinaron que es el núcleo familiar el principal actor responsable de reducir la delincuencia y violencia juvenil, seguido por la sociedad, el gobierno y otros. A este clamor se suman diferentes organizaciones juveniles, que dijeron debería de crearse escuelas para padres, las que les proporcionarían las herramientas básicas de comunicación con sus hijos; además de talleres de capacitación en centros comunitarios que posibiliten el aprendizaje de oficios como carpintería, mecánica, panadería, electricidad, construcción e involucren a los jóvenes en actividades culturales o deportivas.

Una de las más duras críticas hechas por las y los ciudadanos guatemaltecos hacia los pasados gobiernos y el actual, sea gubernamental o locales, es que previo a obtener su cargo público prometen programas de prevención anticrimen, pero al final solo se concretan los planes represivos. Los organismos sociales demandan más atención, de parte de los entes gubernamentales, a los grupos conformados por adultos jóvenes y menores, a través de programas específicos de asistencia, consejería y capacitación.

* Informe Sobre Desarrollo Humano de la región Centroamericana titulado: "Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano". Capítulo 5, numeral 2.1, Pág. 123.
** Encuesta "Inseguridad y Violencia", realizada por Vox Latina y publicada el lunes 2 de noviembre de 2009 en Prensa Libre, de Guatemala.

lunes, 8 de junio de 2009

Ana Elizabeth Villalta Vizcarra

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 05 de junio de 2009 - El Faro

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, se comprometió este viernes con diferentes organizaciones civiles a estudiar la designación de Elizabeth Villalta al Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). La funcionaria fungió como directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio durante la gestión del presidente Antonio Saca.

El jueves pasado, ocho asociaciones no gubernamentales –Tutela Legal del Arzobispado, la Asociación Pro Búsqueda, CPDH Madeleine Lagadec, CODEFAM, COMAFAC, Co Madres, la Comisión de Derechos Humanos no gubernamentales y Fespad-, aglutinadas en la Comisión de trabajo en derechos humanos pro memoria histórica de El Salvador, hicieron público su rechazo a la postulación de Villalta.

Según David Morales, abogado de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las organizaciones miembros de la comisión, la funcionaria participó en la defensa del Estado en diferentes casos de violaciones graves a derechos humanos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que negó que existiera responsabilidad estatal.

Este viernes, el canciller Hugo Martínez se reunió con representantes de la comisión para escuchar sus argumentos contra la designación; y les explicó que es una decisión tomada por el gobierno saliente, que ya había trabajado por la candidatura de Villalta y ya tenía los votos para ser elegida.

Esta fue una reunión de intercambio para escuchar los puntos de estas organizaciones y en la que vimos cuál era el tratamiento que se le iba a dar al caso”, dijo Martínez. El nuevo canciller recordó que es la primera vez que este colectivo es recibido por la máxima autoridad de Relaciones Exteriores. “Este gobierno es sensible a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, en especial aquellas que lo hacen a favor de las víctimas del conflicto”, sostuvo el canciller.

Elizabeth Villalta fue parte de la defensa del Estado en el caso de las hermanas Serrano Cruz, la cual negó la existencia de las dos niñas; acusó a la madre, Victoria Cruz, de tener un interés eminentemente monetario en el mismo; y negó la existencia de desapariciones forzadas de menores durante el pasado conflicto armado. “Además, tuvo participación en los casos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el de la Ley de General de Amnistía para la Reconciliación Nacional, en las que se trató negar el cumplimento de las obligaciones internacionales que adquirió el país”, recordó el abogado David Morales.

Dado que la Licenciada Villalta representó (al Estado) ante organismos de derechos humanos y defendió sus políticas de impunidad, su actual postulación supone el aval de tales políticas y la connivencia ante las violaciones a derechos humanos”, reza el comunicado girado por la comisión de trabajo pro memoria histórica. Para los representantes de las organizaciones, esto es suficiente mérito para no ser tomada en cuenta como representante del gobierno ante la OEA.

El Comité jurídico de la OEA está integrado por 11 abogados de diferentes países miembros, elegidos para cuatro años, de ternas presentadas por dichos países y sometidas a votación. Según la normativa del organismo, el comité tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo y la posibilidad de uniformar sus legislaciones.

Como dijo el presidente Mauricio Funes, el enfoque es la meritocracia. Quienes hagan mérito, quienes hagan un buen trabajo van a seguir realizando sus funciones, si las realizan exitosamente, no tienen de qué preocuparse”, declaró Hugo Martínez, durante la XXXIX Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras.

Ahora, el canciller Martínez aseguró que solicitó las pruebas documentales a la comisión pro memoria histórica, que escuchará a la funcionaria y tomará una decisión final sobre si su designación es ratificada o si es reconsiderada. “No nos estamos amarrando a tiempos, sino a que se cumpla el debido proceso para tomar una decisión final”, aseguró. Según el funcionario, si el Estado reconsidera la designación de Villalta para el cargo, El Salvador se quedaría sin la plaza asignada en el Comité Jurídico de la OEA.

Más allá de qué resolución tomará Relaciones Exteriores, Martínez destacó que la reunión abrió “un nuevo capítulo en las relaciones entre Cancillería y estas organizaciones”, con las que en el pasado se tuvo una actitud adversa y, en ocasiones, agresiva por parte de las autoridades gubernamentales. Según el canciller, el Estado tiene casos muy sensibles en el sistema interamericano que ahora serán dialogados con esta comisión.