TALLER DE PROMOTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES

El 21 de julio del presente año inicia EL TALLER DE PROMOTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES, en el marco del proyecto "PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DEL ARTE"

SERA IMPARTIDO POR EL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD JOSE SIMEON CAÑAS, UCA EN COORDINACION CON LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE IZALCO.

EL TALLER SE DESARROLLARA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA IGLESIA ASUNCION DE IZALCO.
DURANTE 10 MIERCOLES DE 2:00 PM A 4:00PM

Comunicado del IDHUCA

La violencia es una de las “cárcavas” que están socavando a toda velocidad los endebles cimientos de las instituciones nacionales, tanto públicas como privadas. Las otras son la impunidad y la exclusión. Esa nefasta trilogía afecta, por lo general, la vida de las mayorías populares; son sus víctimas ancestrales. La fatalidad puede sobrevenir en un instante o a pausas. Y los daños que producen sus componentes, solos o agrupados, están hundiendo a El Salvador. Cada día que pasa, llueva o no, se sumerge más la esperanza de la gente; aquella que tantas veces y tantas voces le prometieron en los llamados “acuerdos de paz” o durante la propaganda electorera: una sociedad donde se pueda vivir sin la, hasta hoy, justificada costumbre de verificar que nadie te siga o venga a tu encuentro para asaltarte o asesinarte.

La figura de un boquete que crece día tras día, quizás sea la más apropiada para ilustrar la situación. No hay quien le ponga freno. No se trata sólo de las cifras diarias de homicidios o el recuento anual de todos los hechos criminales. A eso deben agregarse la frialdad y la bestialidad con que se cometen, explicables en buena medida por la impunidad imperante.

Probablemente nadie se imaginó que un grupo de criminales incendiaría una unidad del transporte público con sus ocupantes adentro. Durante la guerra se quemaron buses, pero sin sus pasajeros. La inseguridad siempre ha caracterizado ese “servicio”, desde las condiciones mecánicas de los automotores y su temeraria conducción hasta los frecuentes asaltos a las y los pasajeros. A ello se suma la muerte de motoristas, cobradores y empresarios, que el año pasado dejó un saldo rojo de ciento treinta y siete víctimas; en el 2010, ya ronda las setenta y siete.

Pero lo que ocurrió este domingo 20 de junio, superó cualquier suceso anterior. Al menos once personas murieron calcinadas en el momento, cuando un grupo criminal le roció gasolina y le dio fuego a un microbus de la ruta 47 en la ciudad de Mejicanos. Una de las víctimas tenía dieciocho meses de edad. Dos días después, el martes 22, falleció otra persona en el hospital donde era atendida. Minutos antes de la dantesca quema del bus, en la misma zona ejecutaron a balazos a dos niñas –una de siete y otra de nueve años– y al cobrador dentro de una unidad de la ruta 32.

¡Basta ya!

Este pueblo ha sufrido demasiado desde siempre: conquista sangrienta, guerras con países vecinos, genocidio en 1932 y las masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y personas torturadas antes y durante la guerra. En esos eventos las víctimas las puso, sobre todo, el pueblo pobre. Y resulta que hoy, con los rivales en el campo de batalla disfrutando su negociada paz y alternándose el poder político, las mismas mayorías populares siguen sufriendo el azote de grupos criminales sin que unos y otros –los que se protegieron con la impunidad después del conflicto armado y quienes ahora no los quieren tocar– se pongan de acuerdo para enfrentar la situación y superarla de una vez por todas.

Se debe insistir: el rostro de las víctimas es el de la exclusión económica y social. Es el de las personas que no tienen otra que movilizarse en el deficiente e inseguro transporte público, que mandan a sus hijos e hijas a las escuelas públicas, que no tienen para la satisfacción humana y decente de sus necesidades más básicas, que viven en zonas de alto riesgo, que les resulta impensable pagar una agencia particular para vigilar sus residencias y que sólo están “seguras” pagándole la “renta” a la delincuencia que las rodea o que vive entre ellas, que a diario mueren y a diario lloran ante los cadáveres de sus familiares.

Hay que condenar a quienes les producen angustias y sufrimientos; a quienes las amenazan y asesinan. También hay que señalar a quienes deberían investigarlos, arrestarlos, procesarlos y castigarlos. Porque prometieron que lo harían al tener poder ejecutivo, legislativo, judicial o fiscal y no lo han hecho; ni siquiera lo han comenzado a hacer, porque no quieren o porque no pueden. Todos los planes y las reformas han fracasado: el endurecimiento de las leyes, el uso de los militares, las manos duras y súper duras… ¿Acaso eso no demuestra que más que músculo se requiere cerebro?

Aunque sean las personas más humildes quienes más sufren, fuera de los verdaderos “intocables” –mafias del crimen organizado violadoras de derechos humanos, corruptoras la “cosa pública” y traficantes de lo que sea– nadie está a salvo. El viernes 19 de junio encontraron el cadáver de José Mauricio Zablah, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de San Miguel; asimismo, tres personas fueron asesinadas en la colonia Utila de Santa Tecla. Ser funcionario público no es garantía de nada: la desaparición reciente de un integrante de la Procuraduría General de la República lo demuestra; también hay que recordar el asesinato de un policía, su madre y su hija o el intento de asalto a familiares del vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

Mientras, el presidente de la República continúa renegando de la herencia que recibió y no invierte el “capital político” que aún preserva en el impulso de acciones audaces y valientes; al interior de la Corte Suprema de Justicia, sus miembros siguen peleando entre sí; en la Asamblea Legislativa lo prioritario es debilitar al adversario, mantener privilegios o evitar más deserciones. Y el Fiscal General de la República sigue sin aparecer, ni siquiera ante los medios de comunicación; eso no sería lo importante, si su protagonismo radicara en el combate exitoso de la criminalidad.

El IDHUCA reitera su enérgica condena a los asesinos de las humildes personas incineradas el pasado domingo; también a los que producen a diario más víctimas mortales y más familias desconsoladas, aterrorizadas y sin saber qué hacer. ¿Cuántos niños y cuántas niñas, cuántas mujeres y cuántos hombres más tienen que morir para que la sociedad salvadoreña se vuelva a organizar? Eso es lo que se necesita hacer. Quizás no como antes, cuando una parte encaró a la dictadura militar y sus patrones mientras otra se creyó el discurso oficial que equiparaba la lucha por la democracia con una “traición a la Patria”. Más que el enfrentamiento entre iguales –porque la violencia impune actual iguala a todas las víctimas– hay que fomentar una participación ciudadana organizada que se plante como un todo fuerte y poderoso ante los políticos, las políticas y sus partidos, ante la administración pública incapaz y demagoga en todas sus manifestaciones, ante los grandes capitales y ante quien sea para demandar que se enfrente y supere tan insoportable crisis nacional.

No se valen ya ni promesas ni pésames. Es inadmisible que la muerte siga rondando día y noche a la niñez, la adolescencia y la juventud salvadoreñas; que la gente necesitada del sustento diario, individual y familiar, se juegue la vida al salir a buscarlo. El Salvador se está hundiendo dentro de un mar de sangre, en medio de una irresponsable ineficacia estatal. De una vez por todas, la población víctima de esos dos males debe gritar al unísono: ¡Basta ya! Y debe actuar como un solo cuerpo doliente, para que ese reclamo tenga respuesta.

La seguridad de los jóvenes centroamericanos es dramática

Centroamericajoven.org Reporta

“La seguridad de los jóvenes centroamericanos es dramática”*

La probabilidad de que un joven centroamericano muera como víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo. Este es uno de los alarmantes datos que arrojó el Informe sobre Seguridad y Desarrollo Humano, presentado en octubre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se propone una estrategia de seguridad para todos los sectores de la sociedad.

Por: Erika Arteaga y Nátali González Martínez
www.centroamericajoven.org


"Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano" fue titulado el informe presentado por el PNUD en El Salvador. Con la publicación de este documento se espera generar ideas y propuestas específicas para combatir la inseguridad y la violencia que se vive en la región centroamericana, considerada como "la más violenta del mundo".

El informe mostró un esbozo de la realidad a la que se enfrentan las sociedades centroamericanas y las juventudes. Para el año 2004, la región centroamericana presentó un panorama de 29.33 homicidios por cada 100,000 habitantes; mientras que entre los años 2003-2008 El Salvador, Guatemala y Honduras -el Triángulo Norte-, considerados como "los países más violentos de la región", presentaron la mayor tasa delictiva en Latinoamérica.

El Salvador ocupa el primer lugar en términos de violencia entre 83 países del mundo, ordenados según su tasa de homicidios en jóvenes en edades de 15 a 24 años, registrando un promedio de 92.3 muertes por cada 100 mil habitantes. Y es que la condición de la juventud en el caso específico de El Salvador es insegura y se agudiza ante la falta de seguridad prevención de violencia y reinserción de jóvenes como importante grupo demográfico del país.

La Prensa Gráfica, matutino de El Salvador, publicó el pasado 3 de noviembre los resultados de una encuesta sobre inseguridad. La investigación reflejó los niveles de inseguridad que agobian -solamente- a la capital salvadoreña. El 31.6% de la población ha sido víctima de un delito y el 90% de la población capitalina se siente insegura.

En Guatemala las condiciones de inseguridad y violencia son similares a las de El Salvador y Honduras. En el año 2006, Guatemala registró 403 menores asesinados y para el año 2005, contabilizó 418 asesinatos a nivel nacional. Honduras, por su parte, registró 4,705 niños, niñas y adolescentes ¿asesinados? -siempre en 2005-, según informes de Casa Alianza, organización que protege a niñas y niños desamparados, reflejando que la mayoría de los asesinatos fueron asociados a crímenes extrajudiciales. Panamá y Nicaragua presentan una tasa de homicidios baja, mientras que en Costa Rica los niveles de delincuencia han crecido, pero no supera a los demás países de la región.

El tema de las pandillas juveniles

El informe del PNUD presenta un apartado especial sobre "nichos" delictivos, en los que clasifican al crimen organizado, al narcotráfico y a las pandillas juveniles como las tres actividades donde se produce de forma "intensa" la delincuencia. En el caso de las pandillas juveniles o "maras", son definidas como "un fenómeno complejo, heterogéneo y cambiante en Centroamérica". Los países del "Triángulo Norte" se distinguen por concentrar el mayor grupo de jóvenes pandilleros, según el cuadro 4.3 del informe del PNUD. Es Honduras el país de la región con el primer lugar, contabilizando 36.000 pandilleros, mientras que Guatemala presenta 14,000 y El Salvador 10,500.

En este contexto, se destaca la falta de políticas de prevención que ayuden a las y los jóvenes a ingresar en actividades delictivas, proponiendo, por el contrario, acciones de represión que conllevaron a generar más violencia. Ejemplo de ello son, en el caso de Guatemala, el plan "Escoba", como propuesta electoral del Partido Alianza Nacional (PAN); en El Salvador los programas "Mano Dura" y "Súper Mando Dura", implementados por el ex presidente Francisco Flores; y en Honduras, el plan "Cero Tolerancia y Libertad Azul", como parte de las políticas de seguridad impulsadas por el ex presidente Ricardo Maduro.

Nicaragua -el país más pobre de Centroamérica y ubicado en el puesto 124 del Índice de Desarrollo Humano- es un país catalogado como de violencia moderada. Los datos que presenta el PNUD en el informe contabilizan 268 grupos delictivos y 4,500 pandilleros. En Nicaragua, según Mónica Zelequet, Directora del Centro de Prevención de la Violencia en Nicaragua, la violencia en este país ha sido enfrentada por políticas de prevención en lugar de represión. "Los esfuerzos de prevención se orientan a corregir las causas de la violencia juvenil y la cultura de violencia, lo cual condujo a la disminución del número de pandillas en la capital y en ciudades como Matagalpa, Estelí, Chinandega y León", cita un párrafo del recuadro 4.4 del informe "Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano".

Entre las recomendaciones que los especialistas del PNUD brindan en este informe se destaca un riguroso control de armas en la región, políticas de prevención de violencia juvenil para evitar el crecimiento de las pandillas juveniles y una atención a la niñez y adolescencia, específicamente para los países que conforman el "Triángulo Norte".


"Para erradicar la violencia e inseguridad es necesario prevenir"**

Según las y los guatemaltecos, la violencia e inseguridad en sus propias comunidades de residencia es el principal problema al que se enfrentan. Así lo indicaron en la encuesta "Inseguridad y juventud", publicada el pasado 2 de noviembre en el periódico Prensa Libre, de Guatemala, y realizada por Vox Latina para la Coalición por una Vida Digna para la Juventud, que congrega a 26 organizaciones sociales.

Durante el estudio, realizado entre el 15 y el 21 de septiembre de este año, se entrevistó a 800 personas, entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 56 años en adelante, y se incluyó a ladinos e indígenas. El nivel de confiabilidad, cita Prensa Libre, es del 95%.

A la violencia, los otros problemas que la población guatemalteca señaló de su país, le siguen la delincuencia y el crimen, la crisis económica, la desnutrición, la pobreza y otros. En cambio, como problemas propios de su comunidad enumeraron la inseguridad, la violencia, el mal servicio de agua, ninguno, el desempleo y otros.

Al consultarles sobre la edad que consideraban tenían los actores de los delitos que habían previamente enumerado, los han clasificado, en su mayoría, entre los 12 y los 25 años; e identificaron a las mujeres como las principales víctimas receptoras de violencia. Esta cifra contrasta con los hechos, cita Prensa Libre: "Pese a que en el 2008 las muertes violentas sumaron seis mil 292, de las cuales solo 640 fueron mujeres, en la encuesta la mayoría destaca que las principales víctimas de la violencia y criminalidad son las féminas."

A pesar de las cifras negativas, y de reconocerse como testigos de que en sus comunidades no hay estrategias gubernamentales de prevención en contra de estos flagelos, las y los guatemaltecos son positivos y consideran que la delincuencia y violencia juvenil se pueden prevenir con actividades lúdicas específicas: educación y orientación, deporte, trabajo, involucramiento de valores familiares, programas culturales y religiosos y otros, que deberían de ser impulsadas no solo por el Gobierno central, sino también por los locales.

Cabe destacar que el 78% de los entrevistados opinaron que es el núcleo familiar el principal actor responsable de reducir la delincuencia y violencia juvenil, seguido por la sociedad, el gobierno y otros. A este clamor se suman diferentes organizaciones juveniles, que dijeron debería de crearse escuelas para padres, las que les proporcionarían las herramientas básicas de comunicación con sus hijos; además de talleres de capacitación en centros comunitarios que posibiliten el aprendizaje de oficios como carpintería, mecánica, panadería, electricidad, construcción e involucren a los jóvenes en actividades culturales o deportivas.

Una de las más duras críticas hechas por las y los ciudadanos guatemaltecos hacia los pasados gobiernos y el actual, sea gubernamental o locales, es que previo a obtener su cargo público prometen programas de prevención anticrimen, pero al final solo se concretan los planes represivos. Los organismos sociales demandan más atención, de parte de los entes gubernamentales, a los grupos conformados por adultos jóvenes y menores, a través de programas específicos de asistencia, consejería y capacitación.

* Informe Sobre Desarrollo Humano de la región Centroamericana titulado: "Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y El Desarrollo Humano". Capítulo 5, numeral 2.1, Pág. 123.
** Encuesta "Inseguridad y Violencia", realizada por Vox Latina y publicada el lunes 2 de noviembre de 2009 en Prensa Libre, de Guatemala.

Ana Elizabeth Villalta Vizcarra

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 05 de junio de 2009 - El Faro

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, se comprometió este viernes con diferentes organizaciones civiles a estudiar la designación de Elizabeth Villalta al Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). La funcionaria fungió como directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio durante la gestión del presidente Antonio Saca.

El jueves pasado, ocho asociaciones no gubernamentales –Tutela Legal del Arzobispado, la Asociación Pro Búsqueda, CPDH Madeleine Lagadec, CODEFAM, COMAFAC, Co Madres, la Comisión de Derechos Humanos no gubernamentales y Fespad-, aglutinadas en la Comisión de trabajo en derechos humanos pro memoria histórica de El Salvador, hicieron público su rechazo a la postulación de Villalta.

Según David Morales, abogado de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las organizaciones miembros de la comisión, la funcionaria participó en la defensa del Estado en diferentes casos de violaciones graves a derechos humanos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que negó que existiera responsabilidad estatal.

Este viernes, el canciller Hugo Martínez se reunió con representantes de la comisión para escuchar sus argumentos contra la designación; y les explicó que es una decisión tomada por el gobierno saliente, que ya había trabajado por la candidatura de Villalta y ya tenía los votos para ser elegida.

“Esta fue una reunión de intercambio para escuchar los puntos de estas organizaciones y en la que vimos cuál era el tratamiento que se le iba a dar al caso”, dijo Martínez. El nuevo canciller recordó que es la primera vez que este colectivo es recibido por la máxima autoridad de Relaciones Exteriores. “Este gobierno es sensible a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, en especial aquellas que lo hacen a favor de las víctimas del conflicto”, sostuvo el canciller.

Elizabeth Villalta fue parte de la defensa del Estado en el caso de las hermanas Serrano Cruz, la cual negó la existencia de las dos niñas; acusó a la madre, Victoria Cruz, de tener un interés eminentemente monetario en el mismo; y negó la existencia de desapariciones forzadas de menores durante el pasado conflicto armado. “Además, tuvo participación en los casos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el de la Ley de General de Amnistía para la Reconciliación Nacional, en las que se trató negar el cumplimento de las obligaciones internacionales que adquirió el país”, recordó el abogado David Morales.

“Dado que la Licenciada Villalta representó (al Estado) ante organismos de derechos humanos y defendió sus políticas de impunidad, su actual postulación supone el aval de tales políticas y la connivencia ante las violaciones a derechos humanos”, reza el comunicado girado por la comisión de trabajo pro memoria histórica. Para los representantes de las organizaciones, esto es suficiente mérito para no ser tomada en cuenta como representante del gobierno ante la OEA.

El Comité jurídico de la OEA está integrado por 11 abogados de diferentes países miembros, elegidos para cuatro años, de ternas presentadas por dichos países y sometidas a votación. Según la normativa del organismo, el comité tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo y la posibilidad de uniformar sus legislaciones.

“Como dijo el presidente Mauricio Funes, el enfoque es la meritocracia. Quienes hagan mérito, quienes hagan un buen trabajo van a seguir realizando sus funciones, si las realizan exitosamente, no tienen de qué preocuparse”, declaró Hugo Martínez, durante la XXXIX Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras.

Ahora, el canciller Martínez aseguró que solicitó las pruebas documentales a la comisión pro memoria histórica, que escuchará a la funcionaria y tomará una decisión final sobre si su designación es ratificada o si es reconsiderada. “No nos estamos amarrando a tiempos, sino a que se cumpla el debido proceso para tomar una decisión final”, aseguró. Según el funcionario, si el Estado reconsidera la designación de Villalta para el cargo, El Salvador se quedaría sin la plaza asignada en el Comité Jurídico de la OEA.

Más allá de qué resolución tomará Relaciones Exteriores, Martínez destacó que la reunión abrió “un nuevo capítulo en las relaciones entre Cancillería y estas organizaciones”, con las que en el pasado se tuvo una actitud adversa y, en ocasiones, agresiva por parte de las autoridades gubernamentales. Según el canciller, el Estado tiene casos muy sensibles en el sistema interamericano que ahora serán dialogados con esta comisión.

Reportes de personas desaparecidas

En esta página, se pueden encontrar fotos de latinoamericanos (incluso salvadoreños) extraviados.
Si alguien tiene información, ahi aparecen los números de contacto

Invitación

Estimados/as amigos/as
Tiempos Nuevos Teatro (TNT) de Chalatenango, el Programa de Seguridad Juvenil en Centroamérica (PSJ) de ICCO & Iglesias en Acción y FLACSO El Salvador tienen el agrado de invitarle al estreno de una nueva producción de TNT, la obra teatral "Juegos a la hora de la siesta".

La producción se basa en el texto homónimo que la argentina Roma Mahieu publicó en 1976. La historia fue inspirada por un grupo de niños que jugaba en el parque de su barrio. A través de los juegos se muestra algo de la crudeza de la realidad que las y los jóvenes enfrentan hoy en día en nuestra sociedad.

La invitación es el día 21 de noviembre a las 6:30 pm y el auditorio del Museo Nacional de Antropología (MUNA) de San Salvador.

La entrada es abierta y gratuita. Favor difundir la presente invitación

Jóvenes exponen el mundo juvenil

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en El Salvador (FLACSO) ha lanzado nuevamente la convocatoria para jóvenes que deseen mostrar algún tema de interés de una manera novedosa.
Uno de los ganadores de la edición anterior fue José Dueñas quien le dio cámaras fotográficas a los jóvenes de la Isla de Tasajera para que ellos tomaran fotos de la cotidianeidad que los rodea. La totalidad de las fotografías y las historias están en su blog.

Acá está la información ampliada sobre la convocatoria de este año:

CONVENCION IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES

Ya que la semana pasada el Gobierno de El Salvador declaró oficialmente que no firmará la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, compartimos con ustedes el documento.
Según la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador, los puntos en rojo son los que causan mayor discusión, puestos en reserva también por la iglesia católica de El salvador para que no se firme.

PARA BAJAR EL DOCUMENTO

El trabajo de Gustavo Germano

Les presentamos estas fotografías de este argentino que, por medio de imágenes, conmueve y nos hace reflexionar sobre la realidad de las desapariciones forzadas en Argentina.

La colección se llama AUSENCIAS.


Más sobre Germano, en su página.

Lento avance del caso de las hermanas serrano

En la revista digital CONTRAPUNTO, aparece el reportaje que se reproduce textualmente a continuación:

Por Luis Posada

SAN SALVADOR - El ex comandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, dice no saber nada del caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, arrebatadas del seno familiar durante la guerra por efectivos del batallón Atlacatl, en la “Operación Limpieza”, en la que también participaron la Fuerza Aérea y la Cuarta Brigada de Infantería.

El caso fue iniciado en 1993 por Victoria Cruz, madre de las niñas desaparecidas (1981), quien tuvo el apoyo del sacerdote jesuita ya fallecido, Jon Cortina, fundador de Pro Búsqueda. Desde esa fecha, el caso ha ido avanzando lentamente.

El caso Serrano Cruz está en un juzgado de Chalatenango luego de que la organización Pro Búsqueda, que trata de encontrar a los niños perdidos durante la guerra, realizó las investigaciones preliminares para llevar el caso a la justicia.

El caso de las Serrano fue ventilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo pasó a la Corte del organismo regional, misma que emitió sentencia condenatoria contra el Estado Salvadoreño por varios delitos contra la justicia en marzo del 2005.

Bustillo fue citado a declarar en un juzgado de Santa Tecla el pasado 8 de octubre, luego de que no se presentara a declarar durante el primer citatorio, en el juzgado de Chalatenango que lleva el caso. El militar dijo que no acudió a la cita en Chalatenango porque “consideré que allí se iba a haber un espectáculo”, dijo Bustillo a La Prensa Gráfica.

Su declaración ha sido tomada como testigo, aunque se cree que él consintió la política de arrebatar niños en zonas de guerra. Al presentarse al juzgado, miembros de organizaciones de derechos humanos llegaron allí con pancartas para manifestarse en contra del militar retirado.

Bustillo aseguró que como comandante de la Fuerza Aérea, le correspondía enviar el apoyo aéreo necesario en la zona de conflicto. Pero aclaró que las operaciones militares en esas zonas estaban a cargo de la guarnición militar que solicitaba el apoyo.

Agregó que no es él quien tiene que dar información acerca del caso, porque cada zona tenía su comandante; enfatizando que las preguntas deberían hacerse al que fue encargado del área.

“Se está mencionando al coronel Reyes Mena quien para ese tiempo era comandante de la (Cuarta) Brigada; entonces que le pregunten a él” dijo Bustillo. También le pasó la pelota al Estado Mayor de la Fuerza Armada que, según él, deben tener información más puntual del caso Serrano.

Hay que investigar también, añadió, a los mandos medios que participaron en la operación. Pero él descartó su involucramiento en el operativo en el que desaparecieron 15 niños más.

Bustillo aseveró también que este caso está parcializado, porque la Fuerza Armada no es la única que cometió crímenes de guerra y si se persiguen casos como estos deberían también ser procesados algunos FMLN que también cometieron matanzas.

“¿Estarían dispuestos los del FMLN a estar en el banquillo de los acusados? Pueden iniciar juzgamientos, pero de los dos bandos” dijo para seguir justificando según él lo parcializado del caso.

Por su parte, Pro Búsqueda aseguró que es ilógico que alguien que fue del Alto Mando militar como Bustillo no sepa qué pasó en un operativo tan emblemático. “Sabemos que la Fuerza Armada es una institución vertical, que funciona por autoridades de mando y partiendo de ese principio tiene que determinarse su participación”, dijo a ContraPunto Mario Sánchez, vocero de Pro Búsqueda.

“En lugar de que Bustillo fustigue el caso y lo califique de parcial, debería de gestionar una investigación para esclarecer su condición en los hechos y no hacer aseveraciones sin fundamento jurídico y de forma irracional”, agregó.

“Su acusación es una defensa muy débil, en vez de acusar a Pro Búsqueda debería desafiar a que se investigue y que se llegue al fondo”, añadió.

Además, aseguró que Pro Búsqueda es una institución independiente y lo único que busca es la “reivindicación” de los niños perdidos en la guerra, independientemente de los culpables y el gobierno establecido.

FESTIVAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

La Defensoria de la Niñez y la Adolescencia te invita a:

La Celebración del día de la niñez Izalqueña.

Día: Jueves 16 de Octubre

Hora: 1:30 p.m. en adelante

Lugar: Estadio Municipal de Izalco

Participa con nosotros celebrando el día del niño y la niña!!!!!

Te esperamos…

Invitación para este domingo (en San Salvador)

Agua: reforma constitucional

Para leer sobre esta campaña del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), haga clic aquí.

Convención Iberoamerica de Derechos de los jóvenes

Situación en Cabañas

Reciben un saludo cariñoso del parte del Comité Contra El SIDA, CoCoSI. Les felicitamos por su lucha continua para los derechos de las y los jóvenes. Desafortunadamente en este momento no podremos asistir a sus actividades. Nuestro trabajo en la prevención del VIH/SIDA y en la Equidad de Género en las comunidades repobladas y rurales en Cabañas y en Lempa (Honduras) exige de nuestro esfuerzo y tiempo, y no tenemos el personal ni los medios para asistir a todas las convocatorias.

Aquí en nuestras comunidades, l@s jóvenes están soportando el abuso físico y verbal de la policía (PNC). Hay una comisaría de policía aquí en nuestra comunidad de Santa Marta, Cabañas, y la policía detiene a hombres jóvenes que usan pantalones flojos, y a jóvenes perforados y los que usan aretes o los hombres con el pelo largo.

Quisiéramos enfrentar este grave problema. Creo que para abordar este problema necesitamos la ayuda de las organizaciones de jóvenes que trabajan para los derechos humanos de la juventud.

Mientras que el Ministerio de Educación y la PNC oprimen a l@s jóvenes por su apariencia, las cooperaciones multi-nacionales promueven las nuevas modas que la juventud sigue; l@s jóvenes apoyan económicamente a los importadores ricos quienes traen las últimas modas para ellos y después esta misma gente (los autores de las políticas) les privan de su derecho humano de tomar decisiones sobre su apariencia y su cuerpo.

Si alguien quiere ayudarnos a enfrentar esta situación en nuestra comunidad rural, sean bienvenidos. Necesitamos ayuda de l@s organizadores jóvenes trabajando para sus derechos y quienes sepan de las leyes y apoyen nuestra causa.

Sinceramente,

Brenda René Hubbard

Coordinadora CoCoSI

Comité Contra El SIDA Cabañas

Estados Unidos admite su intervención en El Salvador

Durante una reunión que se dio a cabo en la Embajada de EE.UU. de El Salvador, el Embajador Charles Glazer confesó que EE.UU. intervino en las Elecciones Presidenciales salvadoreñas del 2004. La reunión sostenida el 27 de junio pasado fue solicitada por un grupo de 12 ciudadanos estadounidenses, incluyendo profesores, estudiantes, periodistas, y activistas comunitarios, que formaban parte de una delegación organizada por el Comité en la Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). En su reunión con el Embajador, el grupo se enfocó específicamente en la historia de la intervención política y militar Estadounidense en El Salvador. Ellos citaron declaraciones hechas por funcionarios del Departamento de Estado en contra del partido de izquierda Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) durante la campaña presidencial de 2004.

Los delegados y delegadas también mencionaron la legislación presentada en el Congreso por el Representante Tom Tancredo (Republicano del estado de Colorado) que amenazaba con cortar las remesas enviadas por salvadoreños viviendo en EE.UU. a sus familias en El Salvador si hubiese habido una victoria electoral por parte del FMLN.
"La Embajada de EE.UU. en El Salvador nunca contradijo esta amenaza absurda ni clarificó la imposibilidad de que tal legislación fuera aprobada", dijo Rosa Lozano, una delegada de Washington D.C. Y en última instancia, "tal intervención ayudó a intimidar al pueblo salvadoreño quien votó por miedo y no por decisión propia, lo cual resultó en el gane de las elecciones presidenciales del 2004 al partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)", señaló. Entonces, cuándo se le pregunto directamente si el gobierno de EE.UU. había intervenido en las elecciones presidenciales del 2004 a favor del partido ARENA, Glazer contestó que "sí". Cuando se le preguntó si este tipo de intervención ocurriría otra vez, dijo "No", según un comunicado de Cispes.

"Creemos que esta es la primera vez que un representante de la Administración Bush ha tomado responsabilidad por la interferencia manipuladora que sucedió durante la campaña presidencial del 2004," dijo Burke Stansbury, Director Ejecutivo de CISPES y participante en la reunión con el embajador.
"Es realmente increíble; CISPES y otros han estado denunciando la intervención por parte del Departamento de Estado que empezó a mediados del 2003 pero la Embajada siempre ha negado que jugo un papel en la victoria del Presidente Saca," continuó Stansbury. "Pero el admitir errores pasados no es suficiente. Continuaremos demandando que tal intervención no vuelva a ocurrir, ni en el 2009 ni nunca mas".

Vigilancia contra el fraude
Durante la reunión, la representante de Asuntos Laborales de la Embajada dijo que la posibilidad del fraude en el 2009 sería disminuida a causa de la vigilancia activa de varias organizaciones internacionales y acentúo el papel que jugara el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Demócrata Nacional (NDI), ambas subdivisiones de la Fundacion Nacional para la Democracia (NED).
Cuando se desafió la naturaleza partidista de estas organizaciones cuasi no-gubernamentales, así como las acusaciones que el IRI y NDI han jugado un papel intervencionista en otras elecciones latinoamericanas, la representante de la Embajada admitió que había controversia y algunas dudas que rodean el NED.

"En el 2007, el IRI —dirigido por el candidato a la presidencia John McCain– le otorgó al Presidente Saca el "Premio de Libertad", mostrando su preferencia ideológica clara en el proceso político salvadoreño y polarizado," dijo Laura Embree-Lowry, miembro del comité de CISPES en Boston y participante en la reunión con la Embajada.
"Creemos que la presencia de grupos partidistas como el IRI y NDI contradice el objetivo del pueblo salvadoreño, que es tener elecciones libres y justas en 2009", agregó. La delegación de CISPES también expresó preocupación por el comportamiento agresivo del Embajador Glazer durante su breve reunión. "El Sr. Glazer llegó con la idea de atacar a nuestra delegación y contradijo groseramente todas nuestras preocupaciones, al punto de agredir verbalmente a por lo menos dos de los delegados", dijo Andrew Kafel, un miembro del grupo de Nueva York.

Falta de respeto
"Esté o no de acuerdo el Embajador con nuestras inquietudes sobre posible intervenciones estadounidenses, es su deber como oficial publico oírnos de manera respetuosa", dijo Kafel. "Si esta es la manera que nosotros como ciudadanos estadounidenses somos tratados, solo podemos imaginarnos cómo el Embajador interactúa con salvadoreños. Esperamos que en el futuro el Departamento de Estado oriente mejor a sus representantes sobre cómo dialogar respetuosamente".
El grupo planea elaborar un informe extenso con la información recopilada durante la delegación de investigación de CISPES este Junio, incluyendo un análisis de la situación actual de los derechos humanos, la información sobre el potencial del fraude e irregularidades en las elecciones del 2009, y preocupaciones acerca de la participación de EE.UU. en ese proceso. El informe será publicado a fines de julio.

Por favor, unase al voluntariado virtual

El 9 de agosto, Remigio Hernández Arellano y José Gómez fueron detenidos por agentes de policía en la pequeña localidad de Benemérito de las Américas, estado de Chiapas, por beber alcohol en un parque. Antes de llevarlos a la comisaría local, cuatro de los agentes les propinaron a los dos numerosos golpes en la cabeza y el estómago.

Tras permanecer bajo custodia durante dos horas, Remigio Hernández Arellano y José Gómez fueron esposados y arrojados a la parte trasera de una camioneta policial, y conducidos a una zona rural conocida como Laguna Oaxaca, a ocho kilómetros de la localidad. Los agentes les quitaron las esposas y les dijeron: "ahora sí, tienen un minuto si quieren vivir". Luego los siguieron en su vehículo, iluminándolos con una linterna mientras corrían. Finalmente, cada uno de los dos echó a correr en una dirección diferente: José Gómez hacia un río, y Remigio Hernández hacia las montañas.

Remigio Hernández se ocultó en las montañas durante la noche y caminó hasta su casa a la mañana siguiente. A su regreso, llamó a la familia de José Gómez y le contó lo sucedido. José Gómez no regresó.

El 10 de agosto, Martha Contreras Estrada, hija de José Gómez, trató de denunciar a la policía y al ministerio público local la desaparición de su padre, pero no se admitió su denuncia.

Dos días después, el 12 de agosto, el yerno de José Gómez halló el cadáver de éste en la orilla del río en el que se había metido huyendo del vehículo policial. Tras el hallazgo, la policía municipal abrió una investigación sobre la muerte de José Gómez. En el momento de redactar estas líneas no se había determinado la causa de la muerte.

El 13 de agosto se celebró ante el ayuntamiento de Benemérito de Las Américas una manifestación pacífica para pedir una investigación exhaustiva sobre la muerte de José Gómez. Poco después de la manifestación, una autoridad municipal de Benemérito de las Américas amenazó a Martha Contreras Estrada -que se encontraba entre quienes encabezaban la protesta- con hacerla víctima de desaparición forzada, y le dijo que se estuviera callada.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que investiguen la amenaza contra Martha Contreras Estrada y establezcan medidas de protección para garantizar su seguridad;
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre la muerte de José Gómez Estrada y a hacer públicos sus resultados;
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación sobre los presuntos malos tratos sufridos por Remigio Hernández Arellano y José Gómez Estrada el 9 de agosto a manos de agentes de la policía municipal de Benemérito de las Américas, y que lleven a los responsables ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro,
C.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 618 8050. Les pedirán el número de extensión; marquen el 21122
Correo-e: juansabines@chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador



Lic. Amador Rodríguez Lozano
Ministro de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n, tercer nivel
Col. Infonavit "El Rosario", CP 29049
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: + 52 961 61 657 24
Correo-e: arodriguez@mje.chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Ministro

Lic. Juan Carlos Moreno Guillén
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas
Boulevard Comitán 143, Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 639 6615
Correo-e: jmoreno@congresochiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Presidente

Educación sexual

Algo interesante para leer...

POR UNA EDUCACION SEXUAL CIENTIFICA Y LIBRE DE PREJUICIOS.

¡¡ESTADO LAICO YA!!

Según informaban los medios de comunicación el lunes 4 de agosto, el Gobierno de El Salvador, a través de los Ministros de Salud Guillermo Maza y la Ministra de Educación Darlyn Meza, firmaron en México un compromiso de revisar e implementar programas y políticas de salud sexual en las escuelas y colegios antes de 2010. Es una buena noticia pues contribuirá a enfrentar algunos de los graves problemas de derechos y salud sexual y reproductiva existentes en el país:

Como informaba el Diario de Hoy (Educación sexual. Concluyen guías para 500 mil alumnos. 4 de septiembre 2006), "En El Salvador, tres de cada diez embarazos son en adolescentes. En el primer semestre de 2006, 9,071 jóvenes dieron a luz; niñas y adolescentes se convirtieron en madres en cuestión de horas. La tendencia, el 29,8 por ciento de los partos atendidos, lejos de disminuir, aumentó en los últimos años".

"En 2001, por ejemplo, representaba el 28,04 de los alumbramientos. Los abortos espontáneos registrados en el sistema sanitario también se ensañan con las jóvenes; en uno de cada cuatro está detrás una menor de 19 años, un porcentaje que se mantiene invariable en los últimos años".

"Dina Bonilla, de la gerencia de atención al adolescente del Ministerio de Salud, añade otros riesgos de la maternidad temprana. "De las 48 muertes maternas registradas en 2005, 12 correspondían a adolescentes entre 15 y 19 años".

"Para algunos especialistas, el embarazo es la cara más visible de la falta de programas integrales de educación sexual e información entre los jóvenes. La menos visible son las infecciones y la deserción escolar. Por ejemplo, la encuesta de Salud Familiar (Fesal) 2002-2003 indica que el 51,3 por ciento de las menores de 15 años que quedó embarazada no volvió a las clases. Un porcentaje similar tomó la misma decisión en el grupo de 15 a 19 años".

Posiblemente estas cifras y la realidad individual de cada una de estas jóvenes sería distinta si hubieran tenido acceso a una educación sexual con bases científicas, objetiva y carente de prejuicios.

Es digno de atención que las cifras que nos ofrecen son a partir del año 2001, fecha en la que el Ministerio de Salud y Educación mandaron quemar el manual de educación sexual "De adolescentes para adolescentes", coaccionados por la jerarquía de la iglesia católica, que consideró que la información aprobada por estos ministerios, no coincidía con los conceptos morales que difunden en sus iglesias. Si en ese momento el Estado de El Salvador, siendo coherente con su carácter laico, hubiera mantenido el programa, posiblemente muchos de esos embarazos y abandonos escolares se hubieran podido evitar.

Por eso es preocupante leer la rápida reacción del máximo representante de la jerarquía católica en el país, que hace las siguientes declaraciones (La Prensa, 4 de agosto de 2008):

"La Iglesia católica, en voz de su jerarca, monseñor Fernando Saénz Lacalle, expresó ayer en conferencia de prensa su rechazo contra la enseñanza del uso de preservativos en el sistema educativo nacional público y privado.

"Una gran preocupación que tenemos es el tema de la educación sexual. Me parece muy bien, con tal de que sea educación y no perversión sexual", externó ayer Saénz Lacalle.

La iglesia no acepta el uso de métodos de planificación familiar fuera del matrimonio. Para Saénz Lacalle, la abstinencia sigue siendo el mejor método para espaciar los nacimientos y evitar enfermedades de transmisión sexual.

"Con respecto a los preservativos, me parece que es una estupidez inmensa y un suicidio terrible", manifestó Sáenz Lacalle", …."Las partículas de VIH/SIDA son tan mínimas que pueden pasar por los poros del preservativo. Quizás eliminan el 83% de posibilidad de infección, pero siempre hay un 17%. Incluso desde el punto de vista científico eso es un riesgo espantoso", precisó.

"El jerarca también cuestionó y puso en duda los estudios que sugieren el uso de preservativos. "No sé qué piensan los, entre comilla, científicos o preocupados por la salud. ¿No son ellos los que están provocando el contagio de enfermedades venéreas?"

Como ciudadanas y ciudadanos queremos expresar una serie de consideraciones ante estas declaraciones.

1. La arrogancia y prepotencia con que se expresa el señor Saenz Lacalle, es una de las peores muestras de las posiciones fundamentalistas. Es la misma arrogancia con que la Santa Inquisición condenó a Galileo Galilei por decir que la tierra giraba alrededor del sol o a Miguel Servet por afirmar que la sangre circulaba a través de las venas, errores científicos y condenas injustas por las que el Vaticano no se ha disculpado todavía. Con ese mismo fanatismo el señor Saenz Lacalle, llama estúpidos a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a UNOSIDA y a la inmensa mayoría del cuerpo médico y científico, que ha comprobado por diversos medios científicos y estadísticos, como el uso del condón contribuye sensiblemente a la disminución de la transmisión del VIH SIDA, otras enfermedades sexuales y previene los embarazos no deseados. Llamar estúpidos a los que tienen opiniones diferentes nos parece un mal camino para contribuir a construir políticas públicas de consenso en materia de derechos sexuales y reprodcuctivos.

2. El señor Saenz Lacalle se muestra preocupado porque la educación sexual no sea perversión sexual. No sabemos en qué criterios se basa para hacer tal afirmación. Podemos respetar que su iglesia predique y promueva entre sus miembros unas normas sexuales basadas en la abstinencia, en el no reconocimiento del derecho al placer, etc.; pero no nos parece que la jerarquía católica haya mostrado una buenas prácticas para el manejo de la sexualidad entre sus miembros.

El enfoque de la práctica sexual como "pecado" y la exigencia del celibato a sus sacerdotes ha llevado a la iglesia católica a un alejamiento cada vez mayor entre los principios morales que se predican y la práctica sexual entre sus fieles y a casos de una enorme gravedad, como el número importante de sus sacerdotes que según "Un estudio ordenado por la Conferencia Episcopal Norteamericana en 2004…cifra en más de 11 mil el número de niños victimados de abusos sexuales por cerca de 5 mil sacerdotes en las tres décadas recientes. Como muchos casos se resolvieron conforme a la cultura y la ley estadounidense, mediante indemnizaciones civiles, la estadística pertinente incluye los 2 mil millones de dólares que se han pagado a ese respecto, y que han causado la quiebra de más de un gobierno diocesano" (Miguel Ángel Granados Chapa, "El Papa y la pederastia clerical en México", Proceso, 20 de abril).

Y tal como señala el mencionado informe, la jerarquía de la iglesia católica, no se centró en proteger y apoyar a las víctimas, sino en intentar ocultar el problema con el pago de indemnizaciones muy elevadas para que los afectados retiraran sus demandas y cerrar los casos.
Para mayor información recomendamos ver el siguiente video elaborado por la BBC, la agencia informativa inglesa con alto prestigio y rigurosidad periodística, que fue divulgado por la red pública de televisión británica en su programa "Panorama"
Para ver el video poner el cursos sobre la dirección y hacer Ctrl+clik
http://www.tu.tv/videos/abusos-sexuales-y-el-vaticano

Después de verlo, posiblemente tendremos información importante para poder valorar si la jerarquía de la iglesia católica y el Vaticano son los consejeros más apropiados para orientar las políticas públicas sobre educación sexual y reproductiva y, sobre todo, si ha defendido los derechos de las niñas y niños frente a sus abusadores, cuando estos formaban parte la estructura de la iglesia católica. Nos parece que si el señor Saenz Lacalle, está preocupado porque no se pervierta a la niñez deberían de poner su mirada sobre todo en los curas pederastas, no protegiéndolos ante la justicia civil, sino colaborando para su condena y brindando apoyo a las víctimas.

3. Para definir la politica pública de educacion sexual y reproductiva es necesario que sean consultadas las diversas instancias del Ministerio de Salud, relacionados con la salud sexual y reproductiva, las organizaciones profesionales de medicina y enfermería, en especial la de ginecología y obstetricia. Así como instancias del Ministerio de Educación, asociaciones magisteriales, asociaciones de madres y padres de centros educativos, organizaciones no gubernamentales que trabajan con jóvenes y adolescentes y organizaciones de mujeres. Es decir todos aquellos sectores gubernamentales y ciudadanos que están relacionados con la educación, atención y garantía de los derechos de la juventud y adolescencia.

Los criterios que deben de regir estas políticas educativas deben de ser en primer lugar científicos, basados en el conocimiento y en la investigación, en los datos estadísticos que nos muestran resultados y tendencias. No se debe permitir que se trasmita a la juventud afirmaciones acientíficas como que el condón no sirve. El estado debe de basar la educación en la trasmisión de información veraz y comprobada.

En segundo lugar, pueden tenerse en cuenta los principios éticos que son aceptados mayoritariamente por la sociedad, siempre que no supongan la renuncia a ningún derecho humano universal, ni la violación de los derechos de los demás. Ninguna "costumbre" puede atentar contra un derecho ciudadano.

4. En este contexto las diversas organizaciones e instituciones ciudadanas, entre ellas las iglesias, pueden aportar e impulsar su enfoque sobre esta politica educativa, pero nunca pretender que a través del Estado se impongan sus creencias a toda la sociedad. Sus opiniones deben ser escuchadas, pero igual que se deben de escuchar las de la comunidad científica, el sector médico, las organizaciones de jóvenes, mujeres, etc.

En este sentido queremos analizar la legitimidad y representatividad de las burocracias religiosas en ciertas cuestiones de moral sexual con incidencia en políticas públicas. Ya que, aunque un importante sector de la ciudadanía se adscriba a una determinada iglesia, esto no quiere decir que los principios que defienden sus pastores, sacerdotes y obispos, coincidan con las prácticas de esas ciudadanas y ciudadanos, tal como nos muestra una reciente encuesta realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre temas de ética sexual. Al tiempo de manifestar su opción por el matrimonio (79%), un 51% de los encuestados manifiesta que no es indispensable contraer matrimonio religioso para ser felices, un 56% no considera que una mujer "deba" llegar virgen al matrimonio, el 70% piensa que es una buena idea convivir antes de casarse y un 77% opina que la sexualidad no tiene como fin sólo tener hijos sino también sentir placer.

Si a ello le agregamos lo que muestra el Barómetro Social de la Universidad de Lima tendremos un panorama muy poco "ortodoxo": sólo un 6.7% de mujeres admiten que la opinión de la iglesia católica influye sobre su planificación familiar contra un 44% que se basa en su propia opinión y un 48.4% que hace caso a la pareja o parientes cercanos. Un 85% está de acuerdo con los métodos anticonceptivos artificiales y la mayoría acepta el aborto en casos de violación, riesgo de feto con malformaciones o peligro para la vida de la mujer embarazada.

Como vemos, se vive una ética sexual y reproductiva diferente a la promovida por las jerarquías episcopales y vaticanas, pero ello no significa que las y los católicos renuncien a su fe religiosa o al sentido de pertenencia a su iglesia, pues según el Censo Nacional de 1993 un elevado porcentaje de la población se sigue declarando católica. (Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. "Encuesta Pareja y sexualidad", año II, febrero 2007.Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Estudio 359, Barómetro Social. V Encuesta Anual sobre la situación de la mujer, Lima metropolitana y Callao, 17 y 18 de febrero de 2007.)

Por tanto para construir una politica de estado, escuchar las opiniones de la jerarquía de una iglesia no da ninguna garantía de que sean representativas de lo que piensan las personas integrantes de esa iglesia.

En conclusión, las ciudadanas y ciudadanos que queremos avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, debemos tener una presencia activa en el debate por la inclusión de la educacion sexual en el sistema educativo, para que sea basada en información científica y objetiva, sea universal es decir la reciban todas las y los estudiantes independientemente de que asistan a una escuela pública o privada) y esté basada en un enfoque de derechos y de equidad de genero.

Medicos, personal de salud, personal de psicología, educadores, madres y padres organizados, organizaciones de mujeres y de jóvenes, debemos hacer oír nuestras propuestas y llegar a un consenso, no permitir que como en 2001 sean jerarcas eclesiales los que impongan las políticas de Estado.

Hay que distinguir lo que son políticas públicas a promover y garantizar por el Estado y lo que son las creencias particulares y privadas que cada persona puede practicar en los diversos ámbitos de su vida y que la Constitución le respeta. Así como la libertad de creencias y religión que cada persona puede practicar libremente según sus convicciones, pero sin pretender que el Estado haga cumplir preceptos y reglas producto de una determinada concepción religiosa, ni que se imponga al conjunto de la sociedad.