Rodrigo Baires Quezadacartas@elfaro.net
Publicada el 05 de junio de 2009 - El Faro
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, se comprometió este viernes con diferentes organizaciones civiles a estudiar la designación de Elizabeth Villalta al Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). La funcionaria fungió como directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio durante la gestión del presidente Antonio Saca.
El jueves pasado, ocho asociaciones no gubernamentales –Tutela Legal del Arzobispado, la Asociación Pro Búsqueda, CPDH Madeleine Lagadec, CODEFAM, COMAFAC, Co Madres, la Comisión de Derechos Humanos no gubernamentales y Fespad-, aglutinadas en la Comisión de trabajo en derechos humanos pro memoria histórica de El Salvador, hicieron público su rechazo a la postulación de Villalta.
Según David Morales, abogado de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las organizaciones miembros de la comisión, la funcionaria participó en la defensa del Estado en diferentes casos de violaciones graves a derechos humanos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que negó que existiera responsabilidad estatal.
Este viernes, el canciller Hugo Martínez se reunió con representantes de la comisión para escuchar sus argumentos contra la designación; y les explicó que es una decisión tomada por el gobierno saliente, que ya había trabajado por la candidatura de Villalta y ya tenía los votos para ser elegida.
“Esta fue una reunión de intercambio para escuchar los puntos de estas organizaciones y en la que vimos cuál era el tratamiento que se le iba a dar al caso”, dijo Martínez. El nuevo canciller recordó que es la primera vez que este colectivo es recibido por la máxima autoridad de Relaciones Exteriores. “Este gobierno es sensible a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, en especial aquellas que lo hacen a favor de las víctimas del conflicto”, sostuvo el canciller.
Elizabeth Villalta fue parte de la defensa del Estado en el caso de las hermanas Serrano Cruz, la cual negó la existencia de las dos niñas; acusó a la madre, Victoria Cruz, de tener un interés eminentemente monetario en el mismo; y negó la existencia de desapariciones forzadas de menores durante el pasado conflicto armado. “Además, tuvo participación en los casos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el de la Ley de General de Amnistía para la Reconciliación Nacional, en las que se trató negar el cumplimento de las obligaciones internacionales que adquirió el país”, recordó el abogado David Morales.
“Dado que la Licenciada Villalta representó (al Estado) ante organismos de derechos humanos y defendió sus políticas de impunidad, su actual postulación supone el aval de tales políticas y la connivencia ante las violaciones a derechos humanos”, reza el comunicado girado por la comisión de trabajo pro memoria histórica. Para los representantes de las organizaciones, esto es suficiente mérito para no ser tomada en cuenta como representante del gobierno ante la OEA.
El Comité jurídico de la OEA está integrado por 11 abogados de diferentes países miembros, elegidos para cuatro años, de ternas presentadas por dichos países y sometidas a votación. Según la normativa del organismo, el comité tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo y la posibilidad de uniformar sus legislaciones.
“Como dijo el presidente Mauricio Funes, el enfoque es la meritocracia. Quienes hagan mérito, quienes hagan un buen trabajo van a seguir realizando sus funciones, si las realizan exitosamente, no tienen de qué preocuparse”, declaró Hugo Martínez, durante la XXXIX Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras.
Ahora, el canciller Martínez aseguró que solicitó las pruebas documentales a la comisión pro memoria histórica, que escuchará a la funcionaria y tomará una decisión final sobre si su designación es ratificada o si es reconsiderada. “No nos estamos amarrando a tiempos, sino a que se cumpla el debido proceso para tomar una decisión final”, aseguró. Según el funcionario, si el Estado reconsidera la designación de Villalta para el cargo, El Salvador se quedaría sin la plaza asignada en el Comité Jurídico de la OEA.
Más allá de qué resolución tomará Relaciones Exteriores, Martínez destacó que la reunión abrió “un nuevo capítulo en las relaciones entre Cancillería y estas organizaciones”, con las que en el pasado se tuvo una actitud adversa y, en ocasiones, agresiva por parte de las autoridades gubernamentales. Según el canciller, el Estado tiene casos muy sensibles en el sistema interamericano que ahora serán dialogados con esta comisión.
